La Institución Registral regulada por el Derecho Civil surgió y cobró vida de forma importante durante el período presidencial del Licenciado Benito Juárez García. El crear del Registro Público de la Propiedad, como lo expresan los historiadores constituyó una verdadera necesidad, pues el pensamiento político de esa época requería del funcionamiento de una Institución acorde a sus ideales, pero también de sus propias leyes, refiriéndose específicamente a Las Leyes de Reforma. En la etapa Juarista nace la figura del llamado "Oficios de Hipotecas", que constituía un privilegio que brindaba cierto nivel a grupos distinguidos, minoritarios si, pero depositarios de gran poderío económico en torno al Gobierno y consecuentemente al poder gubernamental, por ello la tan controvertida decisión que adoptara, en su momento, el Presidente Juárez irrumpiendo con actos de verdadera molestia hacia esos grupos que instituyeron al Registro Público como una función plenamente Estatal.
A partir de 1871, los registros de bienes resultaron ser parte de una función pública, encomendada por supuesto al Gobierno y, convirtiendo a dicho ente jurídico en el prestador originario y único del servicio. El Código Civil para el Distrito Federal y Territorio Norte de la Baja California de 1870, señalaba las bases normativas para la fijación de lo que tuvo a bien distinguir el Presidencialismo Juarista como "un oficio denominado Registro Público, en toda población donde haya tribunal de primera instancia", siendo hasta 1871 cuando la Institución abre sus puertas al público, brindando el servicio para el cual había sido creado en la capital. Registro Público se integraba por cuatro secciones: hipotecas, sentencias, arrendamientos y, la referente a títulos traslativos de dominio, derechos reales e impuestos..
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